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Marco Institucional

Historia de la Institución

El Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) fue creado mediante Decreto Ejecutivo N° 16 y 17 del 26 de febrero de 1991; bajo el nombre: Instituto Libertad y Progreso, unidad descentralizada, adscrita a la Presidencia de la República. A fin de mantener congruentes la misión, visión y las actividades con el nombre de la institución, en 2012 a iniciativa del Presidente de la República, se publica el Decreto Ejecutivo N° 16 de fecha 30 de enero 2012 la modificación del nombre a “Instituto de Legalización de la Propiedad”.

El ILP tiene por objeto principal brindar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a familias de escasos recursos económicos; proporcionar asistencia técnica al Gobierno de la República y a otras instituciones públicas y privadas de carácter nacional e internacional, en relación con dicha temática y desarrollar programas de legalización de inmuebles, a fin de asegurar la tenencia de la tierra a familias de escasos recursos económicos en forma ágil, eficiente, segura y a bajo costo.

El ILP ha ejecutado programas y suscrito convenios en cooperación con el Gobierno de El Salvador (GOES), instituciones públicas y privadas tanto nacionales como internacionales.

Se identifican y desarrollan tres etapas del proceso de legalización:

Etapa social: inicia con un diagnóstico y finaliza con un Informe Legal, que permite conocer si el proyecto es factible de continuar con la legalización.

Etapa técnica: permite medir topográficamente los inmuebles y/o lotes de los proyectos, se considera la planimetría, altimetría y se levanta la infraestructura, para luego procesar y aprobar planos en consulta con las comunidades.

Se formulan carpetas técnicas y se gestionan las factibilidades ante instituciones autorizadas tales como: VMVDU, OPLAGEST, OPAMSS, MARN, CNR, entre otros y obtener la Revisión del Plano (RP), requisito para la escrituración individual. En algunos casos, se brindan otros servicios como: Estudios hidrológicos y diseño de obras hidráulicas y Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), con personal calificado y autorizado.

Etapa jurídica: una vez obtenido el RP, se gestionan actos previos en caso de ser necesario: segregación, reunión y remedición de inmuebles, mantenimiento catastral e inscripción de dichos actos en el registro de la propiedad, obteniendo la escritura individual.

Desde hace más de 25 años el ILP ha sido vital en el desarrollo de los procesos de legalización de la tierra, brindando asistencia técnica a las comunidades de interés social en las áreas técnicas: social, ingeniería, mediciones topográficas, catastral, jurídica-notarial y registral.

Es así que amplió su cobertura de servicios relacionados con otros convenios de legalización de tierra con las diferentes instituciones del sector vivienda y otros, tales como: MOPTVDU, FONAVIPO, Secretaria de Inclusión Social, Ministerio de Educación (Centros educativos), Ministerio de Salud, así también con organismos internacionales.

El ILP ha beneficiado con diferentes servicios a más de 220,000 familias, ubicadas en los 262 municipios del país, esto ha sido posible por el trabajo de un equipo coordinado con las comunidades e instituciones gubernamentales, municipales y autónomas relacionadas a procesos de legalización de tierra.

El Consejo Directivo a través de la Dirección Ejecutiva implementa una serie de estrategias que facilitan darle cobertura a la demanda de servicios de forma oportuna, y en la búsqueda de fondos para continuar con la ejecución de los procesos.

A principios de los años 90’s la población salvadoreña que residía en áreas urbanas y rurales se encontraba sin legalizar sus tierras, careciendo del disfrute de los privilegios inherentes al derecho de propiedad.

Además, era competencia del Gobierno de El Salvador solucionar tal situación a fin de erradicar el hecho generador de las zonas marginales y lotificaciones ilegales, que causa el problema de la marginalidad y la inseguridad jurídica bajo las cuales han vivido miles de familias.

Por tales razones, el ILP fue creado como la institución gubernamental especializada en brindar a nivel nacional seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a familias de escasos recursos económicos.

Atribuciones

Según Art. 4 del Decreto Ejecutivo N° 16 de fecha 30 de enero de 2012, el ILP dispone de las atribuciones siguientes:

  1. Promover, procurar, facilitar y asegurar los recursos para la legalización de inmuebles y agilizar su inscripción registral, en beneficio de personas de escasos recursos económicos que habitan principalmente en tugurios y zonas marginales, comunidades en vías de desarrollo, lotificaciones no autorizadas, parcelaciones habitacionales, a través de procedimientos breves y sencillos;
  2. Planificar, dirigir y ejecutar procesos de regularización de los derechos de propiedad o posesión de los inmuebles a familias de escasos recursos económicos;
  3. Calificar de interés social los proyectos destinados a personas de escasos recursos económicos, de conformidad al Reglamento para la Calificación de Proyectos de Interés Social por parte del Instituto Libertad y Progreso;
  4. Proponer u otorgar todo tipo de convenios, contratos y acuerdos con instituciones públicas y privadas, de Carácter nacional e internacional; coordinando en este último supuesto con el Ministerio de Relaciones Exteriores;
  5. Proponer al Ramo del Órgano Ejecutivo que corresponda, los proyectos de ley, Decretos Ejecutivos o Reglamentos, incluyendo los procedimientos administrativos que considere necesarios, que tengan por finalidad asegurar el cumplimiento de sus objetivos;
  6. Brindar la asistencia técnica que pueda proporcionar, de conformidad a su naturaleza y finalidad; y
  7. Las demás atribuciones que establezcan otras leyes y reglamentos.

MARCO LEGAL Y FORMATIVO

El trabajo de legalización de tierras a familias de escasos recursos económicos, se mantiene amparado por leyes o decretos especiales que brindan beneficios en los procesos y en el pago de aranceles, así como convenios y contratos para la ejecución eficiente del proceso de legalización. Se detalla a continuación el Marco Legal:

  • Decreto Ejecutivo N° 16 de fecha 21 de febrero de 1992, Creación del ILP.
  • 16. Diario Oficial N° 21, Tomo 394, de fecha 01 de febrero de 2012, Reforma la denominación del título del decreto por Instituto de Legalización de la Propiedad.
  • Decreto Legislativo N° 463 Ley Especial para la Legalización de los Derechos de Propiedad, Posesión y Tenencia de la Tierra, en las Zonas Delimitadas por Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre de 1992.
  • Decreto Legislativo No 92, de fecha 7 de septiembre de 2006 y su Reforma D.L. 573, se autoriza la transferencia de una porción de inmueble de naturaleza rustica, ubicada en el jurisdicción de San Luis Talpa, a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular.
  • Ley Especial para la Legalización de Calles, Tramos de Calle, de Carretera, de Derechos de Vía y Antiguos Derechos de Vía, Declarados en Desuso y Desafectados como de Uso Público, para ser transferidos en Propiedad a las Familias de Escasos Recursos Económicos que los Habitan, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular. Decreto Legislativo N° 41 de fecha 10 de junio de 2009 y sus reformas.
  • Decreto Legislativo N°608 del 15 de febrero de 2017, que  reforma al  Decreto Legislativo N°532 de fecha 02 de diciembre de 2010, publicado en el Diario Oficial N°239, Tomo N°389, de fecha 21 de diciembre de 2010. Que establece la legalización de los inmuebles a favor de las familias de bajos ingresos que en la actualidad los ocupan, ubicados en el lugar conocido como finca “La Bretaña”.
  • Ley para la Desafectación y Traspaso de los Terrenos del Tramo Ferroviario en Desuso a favor de las familias e instituciones que la habitan. Decreto Legislativo N° 378 de fecha de 10 de junio de 2010 y sus reformas.
  • Decreto Legislativo N° 79 Ley Especial para Diligencias de Legalización de Derechos de Propiedad y Regularización de la Posesión a Personas de Escasos Recursos Económicos y Personas Afectadas por Fenómenos Naturales. Suscrito el 17 de agosto de 2012, publicado en el Diario Oficial N° 168, Tomo N° 396 de fecha 11 de septiembre del 2012.
  • Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional. Decreto Legislativo N° 993 de fecha 7 de marzo de 2012 y Reglamento. Decreto Legislativo N° 188 de fecha 7 de septiembre de 2012.
  • Ley Especial para la Desafectación y Transferencia de los Terrenos Ferroviarios en Desuso y sin Viabilidad Ferroviarias, a favor de las Familias y Entidades de Utilidad Pública que las Habitan. Decreto Legislativo N° 505 de fecha 24 de octubre de 2013.
  • Decreto Legislativo N° 957 Ley Especial para la Transferencia y Legalización de los Excedentes de los Derechos de Vía del Proyecto denominado “Apertura Boulevard Diego de Holguín, Santa Tecla, Tramo I” hoy denominado Boulevard Monseñor Óscar Arnulfo Romero, para ser transferidos a las Familias que las ocupan, de fecha 25 de marzo de 2015.
  • Decreto Legislativo No 960 Ley Especial Transitoria para la Legalización del Dominio de Inmuebles a favor del Estado en el Ramo de Educación, de fecha 25 de marzo de 2015.
  • Decreto Legislativo No 26 Ley Especial para la Desafectación y Traspaso de los Terrenos Situados en el Tramo Ferroviario en Desuso, Comprendido desde el Kilómetro Uno Punto Veintidós al Kilómetro Seis y Medio de los Municipios de La Unión y Conchagua del Departamento de La Unión, a favor de las Familias y Entidades de Utilidad Pública que las Habitan, de fecha 2 de febrero de 2016 y sus reformas.
  • Decreto Legislativo N° 70 de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial N° 143, Tomo N° 420 de fecha 7 de agosto de 2018, se decretó la “Ley Especial para el Subsidio y Financiamiento a las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y para la Transferencia de los Inmuebles a Favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular y Posteriormente su Transferencia a las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua del Centro Histórico de San Salvador”.
  • Decreto Legislativo N° 71 Ley Especial para la Transferencia de Inmuebles a favor de las familias de la comunidad Rutilio Grande, e instituciones de utilidad pública, que se encuentran en posesión irregular del mismo, situado en el lugar conocido como “Las Joyas de Apazonte”, jurisdicción de San Martín, departamento de San Salvador. Suscrito el 25 de junio de 2018, publicado en el Diario Oficial N°152, Tomo N° 420 de fecha 20 de agosto de 2018.
  • Decreto Legislativo Nº 221, de fecha 21 de diciembre de 2018, publicado en el Diario Oficial Nº 1, Tomo Nº 422, del 3 de enero de 2019, se aprobó la Ley Especial para la Transferencia y Legalización de Inmuebles a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular, en Beneficio de las Familias de la Comunidad El Espino, del Municipio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad.
  • Ordenanzas Municipales emitidas por las Alcaldía Municipales con planes de desarrollo local que regulan los trámites para aprobación de planos ante oficinas descentralizadas tales como Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS),  Oficina de Desarrollo Urbano para la Zona Metropolitana de
    Sonsonate (ODUAMSO), Oficina de Planificación del Valle de San Andrés (OPVSA), Oficina de Planificación de la Región La Libertad (OPAMUR) Oficina de Planificación y Gestión del Territorio de la Región La Paz (OPLAGEST).

MISIÓN

Brindar asistencia técnica al Sistema de Vivienda e instituciones del sector público, desarrollando procesos de legalización de inmuebles a familias de escasos recursos económicos y programas que ejecute el gobierno.

VISIÓN

Posicionarnos como la Institución Gubernamental líder en asistencia técnica y en el desarrollo de programas de legalización de inmuebles, de forma ágil, eficiente y segura.

VALORES

  • Lealtad
  • Responsabilidad
  • Honestidad
  • Calidad
  • Integridad

ORGANIGRAMA

Nuestro  organigrama opera transversalmente, con el fin de cumplir metas por programas y proyectos a través de un trabajo multidisciplinario. En la actualidad, cuenta con 76 plazas distribuidas en las diferentes unidades.